Porqué se pone tan tieso si no es de Seguridad, para abrir una puerta o regar las plantas?
Las denuncias y sanciones por la contratación de personal no habilitado como vigilantes de seguridad privada, se han multiplicado este año exponencialmente. Desde los 3.001 euros al empleado, esta multa es triple y va dirigida a la empresa, hasta 600.000€ (30.051 Euros en Septiembre a una «empresa» en Jaén), y a la comunidad de propietarios que la contrata, llegando a pedir hasta seiscientos mil euros.
La mayoría de los Auxiliares que están trabajando en la actualidad rebasando los límites de la legalidad, las empresas no les informan de su situación y que multan al empleado también, algunos a los que hemos informado nos contestaban que ellos hacían lo que les mandaba la empresa, delegando la responsabilidad en la misma…gran error: Si una empresa te contrata para que ejerzas de Abogado o de Médico en una clínica, donde no te va a ver nadie…. pero tu ponte la batita blanca… la multa es de 3.000 o más euros dependiendo de la gravedad de la situación en la que te encuentres….se llama INTRUSISMO.
Pues esto es lo mismo, los vigilantes de seguridad hacen cursos que valen un dinerito, y exámenes, y a lo largo del año tienen cursos de reciclaje obligatorios con lo que su formación es continua, además de tener un CONVENIO con unos derechos, que aunque son una mierda…. son nuestra mierda, para que venga un “pirata” a sacar tajada de la decadente situación económica en la que nos encontramos y contraten a estas criaturas por tres perras gordas rozando en algunos casos el esclavismo.
En la provincia de Málaga y en concreto en la Costa del Sol Occidental, sobre todo en Marbella y Estepona, donde se concentra una de las más selectas Millas de Oro de las urbanizaciones de lujo de España, es donde la Policía ha localizado más transgresiones a la ley. En seis meses ya contabiliza 26 propuestas de sanción. Nueve de ellas son graves y 17 son “muy graves”.
El artículo 61 de la ley especifica que las multas a las empresas oscilarán entre 30.001 y 600.000 euros, siempre que la infracción se realice “a sabiendas”. ¿Las consecuencias? La extinción de la autorización, o cierre de la empresa o despacho en los casos de declaración responsable. Todo ello supondrá la prohibición de volver a obtenerla o presentarla por un plazo de entre uno y dos años, además de la cancelación de la inscripción en el registro correspondiente. También se contempla la prohibición para ocupar cargos de representación legal en empresas de seguridad privada por un plazo de entre uno y dos años.
Los problemas aparecen por la vía del desconocimiento. Las macrourbanizaciones suelen contar con un auxiliar en el control de acceso al recinto, pero las funciones de seguridad no las pueden asumir estos mismos empleados. Las funciones de vigilancia resultan competencia exclusiva de una empresa de seguridad homologada. “Muchas comunidades de propietarios quieren ahorrarse el dinero de un vigilante y contratan a un auxiliar de servicios, el fontanero o el jardinero. Eso es ilegal”, explica a este diario el presidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, Fernando Pastor.
El intrusismo alcanza tal calibre que en una urbanización, relata Pastor, un hombre vestido con un mono azul y una lata de pintura en la mano fue sorprendido por un agente de la Policía que le preguntó cuál era su función. Argumentó que pertenecía al equipo de mantenimiento y que por las noches, para ganar un dinero extra, también vigilaba la propiedad. “El personal auxiliar y los conserjes no pueden realizar en ningún caso una fundación reservada a la seguridad privada, ni pueden pedir el DNI, usar armar o medios de defensa”, resaltan fuentes policiales.
“Basándose en la mala fe” o en la falta de conocimiento de los textos legales de seguridad, determinadas empresas ofrecen sus productos como auxiliares de seguridad. “Nosotros no vamos a la caza y captura. Siempre observamos antes de abrir el procedimiento. En muchas ocasiones son los gremios de vigilantes quienes para proteger su trabajo pueden iniciar una denuncia. Hay una clara competencia desleal”, subraya la Policía.
La ley potencia la figura del vigilante de seguridad y la seguridad privada en general. También matiza aquellas actividades que quedan al margen de la seguridad privada. Con la nueva normativa el vigilante puede también solicitar la entrada a un recinto, como por ejemplo, un campo de fútbol. Los conserjes de las comunidades no han pasado por pruebas habilitadas por el Ministerio del Interior como los profesionales de la seguridad, que además cuentan con una serie de condiciones físicas y psíquicas.
Esta normativa permite que los vigilantes privados actúen en más espacios y aumenten sus oportunidades de negocio. Actualmente hay 1.500 compañías de seguridad inscritas en el registro del Ministerio. Emplean a casi 90.000 personas, una plantilla superior a las que tienen la Policía Nacional y la Guardia Civil por separado. En 2012 facturaron más de 3.200 millones de euros.
