La trabajadora, que en el juicio reconoció los hechos, deberá hacer frente a una multa de 1.440 euros, así como al pago de las costas judiciales.
Se interpuso una querella penal por un delito de revelación de secretos tras la difusión de documentos no autorizados. Dicho delito se encuentra tipificado en el código penal con penas de 1 a 4 años de cárcel y multa de entre 12 y 24 meses.
El Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés ha condenado a una trabajadora municipal de Valdés, representante de CC OO, a la pena de un año de cárcel como responsable de un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Lo hace tras quedar acreditado que la trabajadora intentó aportar como prueba una serie de documentos, de los que previamente se había apoderado sin autorización de los usuarios del Centro de Apoyo a la Integración de Canero. En concreto, se trata del informe emitido por el equipo de valoración y orientación del centro de valoración de las personas con discapacidad de Gijón.
La representante sindical aportó estos documentos en un juicio por una disputa contra la directora, que salió absuelta, aunque el propio juez abrió diligencias previas al encontrarse con esos documentos, a las que se sumaron como denunciantes los propios afectados, el Ayuntamiento de Valdés y la Asociación de Familiares de Discapacitados Psíquicos ‘Atalaya’, cuya presidenta, Nieves Fernández Gudín, evalúa positivamente el fallo: «Nos parece justo porque nuestro objetivo es que nuestros hijos tengan la atención que se merecen».
